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LÍMITES A LA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Desde que empecé a dedicarme al contencioso-administrativo he chocado en numerosas ocasiones con la “pared” insalvable de la presunción de veracidad y objetividad de los informes de los técnicos municipales.

Para muchos Juzgados y Tribunales la opinión vertida por un técnico municipal (Más aún si está revestido del carácter de funcionario. Entiéndase esta puntualización porque los informes de los técnicos “honoríficos” están sufriendo una impugnación que no puede ser objeto de este post) en un informe recogido en un expediente administrativo (De licencia, sancionador, etc.) es irrebatible.

Para esos juzgadores, es inútil tratar de combatir dicha opinión con un informe pericial de parte, pues esa presunción de objetividad y de actuación en beneficio de la comunidad hace el informe administrativo de mejor condición que el particular. Aunque sí se suele admitir que la presunción –que es iuris tantum, y que como tal admite prueba en contrario- es salvable mediante la admisión y práctica de una prueba por perito nombrado judicialmente (Al que en argot procesal a veces se denomina “perito director”).

Pero digo se suele admitir porque he encontrado casos en los que el Juzgado –que por supuesto ha soslayado la pericial de parte- valora de igual a igual la pericial judicial y el informe del técnico municipal y, en uso de sus facultades, se inclina por la opinión de éste último.

Así, nos encontramos con que la opinión de los técnicos de la Administración raya el Dogma de la Infalibilidad del Papa.

Pues bien, sí existe (Otra cosa es que se reconozca de manera automática, claro) un límite a esa presunción iuris tantum de veracidad y objetividad de los informes de los técnicos municipales. Y es que dicha presunción no alcanza a las conclusiones jurídicas, siempre que se hayan cuestionado en el proceso.
En este sentido es clarísima la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5ª, nº 2783/2012, de 26 de abril, dictada en el Recurso de Casación 732/2010, contra Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de diciembre de 2009 (recurso contencioso-administrativo 1172/2007), en el que se impugnaba un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de aprobación definitiva de Estudio de Detalle.

La Sentencia extrae la cuestión sobre la presunción de veracidad y objetividad de la cuestión sobre el carácter motivado o no de la propia sentencia de instancia. Así, en su Fundamento de Derecho Tercero señala “Como hemos señalado en el fundamento anterior, la sentencia parte de una premisa clara -la ausencia de controversia respecto al contenido del Estudio de Detalle-, por lo que centra la cuestión planteada como un problema jurídico a resolver a partir de unos datos de hecho que no han sido cuestionados: la alteración de la distancia de retranqueo. Y a partir de ahí, la Sala de instancia realiza un análisis que la lleva a apartarse del contenido de los informes técnicos municipales.

En efecto, entra en el ámbito de la fiscalización judicial comprobar si la normativa urbanística aplicable permite, en el municipio de Madrid, la alteración de la distancia de retranqueo. Es cierto que, en atención a la preparación y objetividad que se atribuye a los técnicos, sus informes gozan de una presunción de certeza; pero se trata de una presunción iuris tantum, susceptible de ser desvirtuada por prueba en contrario; y en relación a las cuestiones jurídicas, que eran las únicas controvertidas en el caso examinado, las conclusiones expresadas en aquellos informes no vinculan al Tribunal, que las ha desvirtuado haciendo una interpretación de las normas de aplicación distinta a la mantenida por los autores de aquellos informes”.

Por tanto, el Tribunal ha de examinar la normativa aplicable y, en su caso, desvirtuar el análisis jurídico efectuado por los técnicos informantes (Cuestión distinta es el Tribunal ante el que se pueda pedir, pues como bien recuerda la misma Sentencia en el FDº 4º con cita de la sentencia de 23 de diciembre de 2002 (casación 3045/99,) dicha interpretación y aplicación de la normativa municipal está vetada en el recurso de casación: <<... bajo el ropaje de unos preceptos estatales generales referidos a la naturaleza y objeto de los Estudios de Detalle y de los Planes Especiales, se esconden los auténticos problemas debatidos y resueltos por el Tribunal de instancia, que son problemas de aplicación e interpretación del Plan General de Gijón, es decir, de derecho no estatal, cuya resolución por la Sala de Oviedo no puede ser discutida en casación, por impedirlo los artículos 86.4 y 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa 29/98, de 13 de julio... >> (Fundamento Jurídico 3º).