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NOTAS A LA SENTENCIA DEL JUZGADO SOCIAL DE TERUEL SOBRE EPI´S Y COVID-19

Según nota del Consejo General del Poder Judicial la Sentencia condena a la empresa, en este caso administraciones públicas (Diputación General de Aragón (DGA), Servicio Aragonés de Salud (SAS) y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)) a proporcionar los equipos adecuados de protección individual (EPIs) a los (empleados públicos) sanitarios del grupo de clasificación A, en todos los centros sanitarios, unidades sanitarias, centros socio-sanitarios o sociales, públicos, concertados y privados intervenidos, dirigidos o coordinados, de la provincia de Teruel y especifica que estos equipos deben ser los adecuados ante los riesgos de exposición al agente biológico virus SARS-CoV-2 y ante el riesgo de contagio o infección que pueda llevar a desarrollar la enfermedad Covid-19.

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Un-juzgado-Social-de-Teruel-condena-a-las-administraciones-por-vulnerar-los-derechos-de-los-trabajadores-durante-el-Covid-19

Según la Sentencia “existe tan íntima relación entre la salud y la integridad física, y que podría existir vulneración del art. 15 de la Constitución, cuando se genere un riesgo grave para su salud de los trabajadores, omitiéndose las obligaciones de protección y prevención que competen al empleador”. Y es que “La declaración del estado de alarma no conlleva la suspensión de los derechos fundamentales aludidos en la demanda como la vida, la integridad física, ni la salud, ni tampoco supone la suspensión de los derechos a la protección y prevención de riesgos laborales”.

Como cuestión central –por las consecuencias que, de seguirse esta interpretación, puede tener para las Administraciones Públicas en cuanto a indemnizaciones a solicitar por los sanitarios (Aunque también por FSE, etc)- la Sentencia argumenta que “la pandemia, y en consecuencia la crisis sanitaria que nos ocupa, no es un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico, ni un suceso que no hubiera podido preverse o que fuera inevitable”. La Administración tenía que haber actuado “según el principio de precaución, acorde con ese nuevo orden que evidenciaban las coordenadas expuestas” (en referencia a los reiterados anuncios realizados por la OMS –Hecho probado III “cronología de la actuación de la OMS”-). “Debió preverse la necesidad de disponer de abundantes EPIS para los sanitarios con la finalidad de protegerles frente al riesgo de contagio por Covid-19, lo cual redundaría en la protección del resto de la ciudadanía”.

Recordemos que el artículo 1105 del Código Civil, que dice que “nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”, se refiere a la fuerza mayor como causa de excusa del cumplimiento de las obligaciones.

Y en este sentido, la Sentencia considera que la empresa (en este caso la Administración, aunque personalmente dudo que pueda ser trasladado a todas las empresas, o al menos a la inmensa mayoría de ellas) no puede alegar que el COVID-19 no se pudo prever o que, habiéndose previsto, fuese inevitable.
Pero la no aplicación de la doctrina de la fuerza mayor al supuesto de la actividad de los sanitarios ante el COVID-19, tiene una consecuencia además de la relacionada con la prevención de riesgos laborales (previa), y es la posterior o relacionada con las consecuencias del incumplimiento de esas normas de prevención o, simplemente, relacionada con la responsabilidad por la producción de un riesgo: L a empresa (administración) es responsable de lo que les haya ocurrido, incluido el fallecimiento. Y deberá indemnizar aquellos daños y perjuicios de los que sea responsable. Y a este respecto, recordemos que se han contagiado 51.090 sanitarios y a mediados de mayo habían fallecido 76 de ellos. La cuantía de las indemnizaciones puede ser inmensa.

Y, otra derivada de los planteamientos de esta sentencia sería la posibilidad de plantear la corresponsabilidad de la Administración que tiene el contacto con la OMS, que es el Estado.