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“NUEVA” REGULACIÓN DE LA IMPOSICIÓN DE COSTAS EN LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Cuando pasa el día de Nochebuena y el de Navidad ya nos queda poco más que desearnos un Feliz Año Nuevo, pero nada más lejos de la realidad. Al menos para la Administración Tributaria.

El BOE de 30 de diciembre de 2017, a la sazón el último del año recién terminado, publicaba, entre otras muchas normas, las siguientes en el ámbito tributario:

-. Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.

-. Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente.

-. Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

-. Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.

-. Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

-. Reales Decretos 1074 y 1075/2017, por los que se modifican los Reglamentos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Sociedades, Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre el Valor Añadido, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuestos Especiales y sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero; así como sobre obligaciones de facturación, franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales, Reglamento General de Vehículos y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

-. Y Órdenes HFP/1307 y 1308/2017, sobre e Información tributaria.

Sólo quisiera detenerme en el que me ha causado más sorpresa, por lo que puede influir en la voluntad de los clientes de proceder contra las actuaciones de una administración pública (En este caso tributaria): el Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, que modifica la regulación de las costas derivadas del procedimiento de revisión económico-administrativo.


REGULACIÓN GENERAL: LEY GENERAL TRIBUTARIA: EVOLUCIÓN


A modo de aproximación, simplemente señalar que las costas de procedimiento tributario, al menos en el período ejecutivo, ya aparecían en la antigua Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, que en sus artículos:

-. Artículo sesenta y tres, sobre la posibilidad de de su consignación –junto con el importe de la deuda tributaria- en la Central de la Caja General de Depósitos o en alguna de sus sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las disposiciones reglamentarias determinen[i].-

-. Artículo ciento treinta y uno, sobre la necesidad de añadirse, junto con los recargos, al importe de la deuda tributaria que haya de cubrir un embargo sobre los bienes del deudor.-

-. Y artículo ciento treinta y cinco, sobre la posibilidad de liberar los bienes del deudor embargados pagando la deuda tributaria y costas posteriores del procedimiento.-

Tales  preceptos pasaron, con toda lógica recaudatoria, a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que en su redacción original hacía referencia a las costas en los artículos:

-. 64: sobre la consignación, al igual que en el 63 de la anterior Ley.-

-. 164.1: sobre la exigencia de las costas del procedimiento de apremio determinada por el inicio del período ejecutivo.-

-. 169.1.d): para su inclusión en el embargo, al igual que el antiguo 131.-

-. 172.4: sobre la obligación de su pago, junto con la deuda principal para obtener la liberación de los bines embargados, como el anterior 135.-

-. 177: para su inclusión en el procedimiento de recaudación frente a los sucesores.-


Pero la nueva Ley General tributaria, ya hace referencia a las costas en el procedimiento económico-administrativo en su artículo 234.4, para especificar que el mismo por regla general habría de ser gratuito. No obstante, si la reclamación o el recurso resultase desestimado y el órgano económico-administrativo apreciase temeridad o mala fe, podría exigir al reclamante que sufragase las costas del procedimiento, según los criterios que se fijen reglamentariamente).

Centrándonos en dicho precepto, por cuanto como decimos trata concretamente las costas en el procedimiento económico-administrativo, su redacción fue modificada por el apartado 43 del artículo único de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, quedando como sigue:

234.5 “El procedimiento económico-administrativo será gratuito. No obstante, si la reclamación o el recurso resulta desestimado o inadmitido y el órgano económico-administrativo aprecia temeridad o mala fe, podrá exigirse a la persona a la que resulte imputable dicha temeridad o mala fe que sufrague las costas del procedimiento, según los criterios que se fijen reglamentariamente.

La condena en costas se impondrá en la resolución que se dicte, con mención expresa de los motivos por los que el órgano económico-administrativo ha apreciado la concurrencia de mala fe o temeridad, así como la cuantificación de la misma.

Cuando se hubiera interpuesto recurso de alzada ordinario, la eficacia de la condena en costas dictada en primera instancia quedara supeditada a la confirmación de la misma en la resolución que se dicte en dicho recurso de alzada ordinario”.-

Como puede comprobarse, se establece el requisito de la motivación y la cuantificación[ii]; y para el supuesto de recurso de alzada ordinario se supedita la eficacia de la condena en costas en primera instancia a la confirmación de la misma en la resolución del recurso.-

DESARROLLO REGLAMENTARIO: EVOLUCIÓN

El desarrollo reglamentario de esta última Ley en materia de revisión en vía administrativa, lo efectuó el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, el cual, en su artículo 51, reguló específicamente esta materia y ya estableció en su redacción original que:

-. El órgano económico-administrativo podría apreciar la existencia de temeridad o mala fe del reclamante a los efectos de exigirle que sufrague las costas del procedimiento cuando se produzcan peticiones o se promuevan incidentes con manifiesto abuso de derecho o que entrañen fraude de ley o procedimental.

Especificando que la existencia de temeridad o mala fe podría ser apreciada (Y debería ser motivada) cuando se planteasen recursos o reclamaciones económico-administrativos con una finalidad exclusivamente dilatoria.

Lógicamente, no se impondrán al reclamante las costas del procedimiento cuando la reclamación hubiese sido estimada en primera instancia total o parcialmente.

-. Cuando se impusiesen al reclamante el pago de las costas, éstas se cuantificarían mediante la aplicación de los importes fijados por orden del Ministro de Economía y Hacienda atendiendo al coste medio del procedimiento y la complejidad de la reclamación.

-. En cuanto a los plazos de pago, cuando se hubiese acordado exigir el pago de las costas del procedimiento, el órgano económico-administrativo competente concederá el plazo a que se refiere el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria[iii], al reclamante para que satisfaga las costas. Transcurrido dicho plazo sin que aquellas se hubieran hecho efectivas, se procederá a su exacción por el procedimiento de apremio.

-. Finalmente, señalar que el artículo 16 del Reglamento estableció que en caso de ingreso indebido durante el procedimiento de apremio, las costas satisfechas se devolverían junto al importe del ingreso indebidamente efectuado y el interés de demora.

La modificación que acaba de entrar en vigor, según el texto introductorio del propio Real Decreto 1073/2017, pretende fomentar la aplicación efectiva de la condena en costas, para lo que regula directamente los criterios de cuantificación de costas y otorga la competencia para requerir de pago al Delegado de Economía y Hacienda. Además, se modifica la redacción del artículo 51 del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa para contemplar el caso de reclamaciones contra actuaciones de particulares, teniendo en cuenta la posibilidad, en tal supuesto, de que sea condenado no sólo el reclamante, sino también la persona contra la que se dirige la reclamación.

La nueva redacción del artículo 51 es la siguiente:

“Artículo 51 Costas del procedimiento:
1. El órgano económico-administrativo podrá apreciar la existencia de temeridad cuando la reclamación o el recurso carezca manifiestamente de fundamento y mala fe cuando se produzcan peticiones o se promuevan incidentes con manifiesto abuso de derecho o que entrañen fraude procedimental.

En particular, podrá ser apreciada la existencia de mala fe cuando se planteen recursos o reclamaciones económico-administrativos con una finalidad exclusivamente dilatoria.

Dichas circunstancias deberán ser debidamente motivadas por el órgano económico-administrativo competente.

2. Cuando se imponga el pago de las costas, estas se cuantificarán en un porcentaje del 2 por ciento de la cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros para las reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan por órgano colegiado. En caso de reclamaciones de cuantía indeterminada, las costas se cuantificarán en las cuantías mínimas referidas. Estas cuantías podrán actualizarse por orden ministerial.

3. Cuando se hubiese acordado exigir el pago de las costas del procedimiento, el Delegado de Economía y Hacienda competente concederá el plazo a que se refiere el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, al obligado al pago para que satisfaga las costas. Transcurrido dicho plazo sin que aquellas se hubieran hecho efectivas, se procederá a su exacción por el procedimiento de apremio.

4. No se impondrán las costas del procedimiento en el caso que las pretensiones hubieran sido estimadas total o parcialmente.

5. Contra la condena en costas impuesta en la resolución económico-administrativa no cabrá recurso administrativo alguno, sin perjuicio de su revisión junto con el recurso de alzada que pudiera interponerse, de ser procedente”.-

De dicha nueva redacción (Sin perjuicio del desarrollo jurisprudencial que tenga y la interpretación que de este artículo hagan los Tribunales Económico-Administrativos) podemos destacar en este momento los siguientes aspectos:

-. Se hace referencia a los supuestos de condena en costas precedidos del término “podrá”, luego no es una consecuencia automática y, como veremos, requiere la oportuna motivación.-

-. Se aclaran los diferentes supuestos o motivos de condena en costas:

  1. Existencia de temeridad: cuando la reclamación o el recurso carezca manifiestamente de fundamento.-
  2. Existencia de mala fe: cuando se produzcan peticiones o se promuevan incidentes con manifiesto abuso de derecho o que entrañen fraude procedimental. En particular, podrá ser apreciada la existencia de mala fe cuando se planteen recursos o reclamaciones económico-administrativos con una finalidad exclusivamente dilatoria.

    -. Desaparece el fraude de ley como supuesto o motivo de condena. Entiendo que por la propia consecuencia del fraude de Ley establecida en el Código Civil[iv], que puede diferenciarse de la establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil[v] para el fraude procesal.

    -. Como ya apuntaba, la condena en costas requiere la oportuna motivación, por lo que su ausencia será motivo de recurso.-

-. Tal y como dice la introducción del Real Decreto de modificación del Reglamento, se regulan directamente los criterios de cuantificación de costas (Sin esperar a mayor desarrollo legislativo posterior, salvo para la actualización de las cuantías). Así, el apartado 2 del art. 51 señala que las costas se cuantificarán en un porcentaje del 2 por ciento de la cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros para las reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan por órgano colegiado. En caso de reclamaciones de cuantía indeterminada, las costas se cuantificarán en las cuantías mínimas referidas. Estas cuantías podrán actualizarse por orden ministerial.

-. Se mantienen los plazos de ingreso, pero se especifica que el órgano competente para su requerimiento será el Delegado de Economía y Hacienda.-

-. Se mantiene la obligatoria –por lógica- ausencia de condena en los casos en que las pretensiones hubieran sido estimadas total o parcialmente.

-. Y se incluye como novedad que contra la propia condena en costas impuesta en la resolución económico-administrativa no cabrá recurso administrativo alguno, sin perjuicio de su revisión junto con el recurso de alzada que pudiera interponerse, de ser procedente[vi].-

-. Finalmente señalar que la referencia del artículo 16 a las costas como parte del contenido del derecho a la devolución de ingresos indebidos se ha mantenido igual que en la redacción original.

CONCLUSIÓN

Como hemos podido ver, la existencia de la regulación de las costas en el procedimiento económico-administrativo no nació a finales del pasado año 2017, sino que data de la aprobación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.-

Lo que sí es una novedad es el establecimiento en sede reglamentaria de los criterios de cuantificación e incluso de cuantías fijas mínimas, así como del órgano competente que las ha de requerir.-

Pero no obstante su preexistencia, la modificación de la regulación ha generado revuelo en la prensa (especializada) y en redes sociales. Y no es para menos, pues rápidamente surge la pregunta sobre la procedencia de establecer esas costas, cuando es obligatorio el trámite de la reclamación económico-administrativa para poder llegar a los Tribunales de Justicia.-

 

Dicho de otra manera, si la Administración me liquida más de lo que debe, pero para poder conseguir que un Juez le ordene devolvérmelo tengo que pedirle primero a esa misma Administración que se lo replantee y, si no me da la razón, me cobra un poco más. Eso sólo puede recibir el calificativo de “leonino”, que en la segunda acepción recogida por la Real Academia dice “Dicho especialmente de una condición o de un contrat: ventajoso para una sola de las partes".-

 

Y todo ello con la importancia de poder influir en la voluntad de los ciudadanos de recurrir las actuaciones de una administración tributaria.-





[i] Ya se hacía referencia al necesario desarrollo reglamentario de esta materia.
[ii] Supeditada al desarrollo reglamentario.
[iii] a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
[iv] Art. 6.4 Código Civil: Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.
[v] Artículo 247. Respeto a las reglas de la buena fe procesal. Multas por su incumplimiento.
1. Los intervinientes en todo tipo de procesos deberán ajustarse en sus actuaciones a las reglas de la buena fe.
2. Los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal.
3. Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado, y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.

[vi] Lo que puede parecer obvio, pues –a título de ejemplo- una posible falta de motivación o el error en la cuantificación, se podría encauzar como infracción de las reglas para dictar la resolución con lo que ya existiría motivo para formular el recurso de alzada.

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