• facebook-ico
  • twitter-ico
  • googleplus-ico
  • linkedin-ico
  • youtube-ico
  • instagram-ico
  • pinterest-ico
605 907 508

NULIDAD DEL SISTEMA DE CUANTIFICACIÓN DE LAS COSTAS EN LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

En post anterior analicé el nuevo tratamiento (Que no creación) de las costas del procedimiento económico-administrativo.

https://www.ernestodebenitoabogado.es/blog/nueva-regulacion-de-la-imposicion-de-costas-en-las-reclamaciones-economico-administrativas


Tal regulación ha durado poco, al menos parte de ella. En concreto el apartado 2 del art. 51, que establecía que “2. Cuando se imponga el pago de las costas, estas se cuantificarán en un porcentaje del 2 por ciento de la cuantía de la reclamación, con un mínimo de 150 euros para las reclamaciones o recursos resueltos por órgano unipersonal, y de 500 euros para los que se resuelvan por órgano colegiado. En caso de reclamaciones de cuantía indeterminada, las costas se cuantificarán en las cuantías mínimas referidas. Estas cuantías podrán actualizarse por orden ministerial”.

Y es que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, mediante Sentencia nº 760/2019, de 3 de junio, dictada en el Recurso 84/2018 (Ponente: Don Jose Antonio Montero Fernandez) declara la nulidad del art. 51.2 del Real Decreto 520/2005, modificado por Real Decreto 1073/2017.

En concreto, señala: “Discuten las partes sobre si se trata de una tasa, una medida sancionadora o cuasi sancionadora disuasoria, una prestación patrimonial de carácter público no tributario, e incluso de un recargo; lo cual resulta a todas luces superfluo, pues el concepto de "costas procedimentales" es un concepto jurídico determinado, identificado por la concurrencia de los elementos que lo identifican, aún cuando resulten indefinidos algunos de los mismos. Las costas del procedimiento -sin perjuicio de que su configuración normativa contenga dentro del conjunto de gastos unos u otros elementos, lo que en este caso se antoja especialmente conveniente de identificar, puesto que se parte del presupuesto de que el procedimiento económico administrativo es gratuito-, son sólo eso costas del procedimiento, ni son tasas, ni medidas sancionadoras, ni prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

Sucede, sin embargo, que la modificación del art. 51.2 del Real Decreto 520/2005, introducida por el Real Decreto 1073/2017, en tanto cuantifica el importe de forma general y abstracta desvinculándolo del concreto procedimiento en el que se produce los gastos a sufragar y prescindiendo de estos, en tanto que se desconecta de los costes del concreto procedimiento, le hace perder su verdadera naturaleza, pues ya no podemos estar hablando de costas del procedimiento, sino, dependiendo de la perspectiva desde la que nos aproximemos, tal y como hacen las partes al examinar el art. 51.2, cabe identificarlas como tasa, como medida sancionadora o como prestación patrimonial de carácter público no tributario, y de ser alguna de estas figuras lo que es evidente es que no pueden ser costas del procedimiento. Es la propia parte recurrida la que en definitiva viene a negar a las costas del procedimiento su condición de tal, y aboga porque se considere que los arts. 245 de la Ley y 51.2 del Reglamento establecen una prestación patrimonial de carácter público no tributario.

Lo cual debe llevarnos estimar la pretensión de la parte recurrente en este punto y declarar la nulidad del art. 51.2 del Real Decreto 520/2005 , modificado por Real Decreto 1073/2017”.

Queda abierta la vía para que el Legislador vuelva a regular la materia, rectificando los errores cometidos por el anterior.

Quisiera terminar con una referencia, a mi modo de ver lapidaria a la aceleración o inflación normativa que sufrimos, en concreto en el ámbito fiscal: “Hoy es sentir común la profunda inseguridad jurídica e incertidumbre social provocada, entre otros factores, por la imprecisión de las normas jurídicas. Lo que se manifiesta de manera muy significativa en el ámbito fiscal”. Doctores tiene la Iglesia…