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RESUMEN Y ALGUNAS NOTAS AL DOCUMENTO BASE DEL PLAN DE CHOQUE DEL C.G.P.J. TRAS EL ESTADO DE ALARMA

RESUMEN Y ALGUNAS NOTAS AL DOCUMENTO BASE DEL PLAN DE CHOQUE PARA EVITAR EL COLAPSO DE LA JUSTICIA TRAS EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA

Martes, 7 de abril de 2020

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-reune-un-centenar-de-medidas-en-un-documento-base-preparatorio-del-plan-de-choque-para-evitar-el-colapso-de-la-Justicia-tras-el-fin-del-estado-de-alarma

Miércoles, 8 de abril de 2020

http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/PRIMER%20DOCUMENTO%20PLAN%20CHOQUE%20ADMON%20JUSTICIA.pdf

En aplicación de la Disposición adicional decimonovenaDisposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19..-

Se dará traslado a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, a las asociaciones judiciales y a los operadores jurídicos, en todos los casos como documento inicial de trabajo, sometido a debate y a la realización de cuantas aportaciones resulten pertinentes.-

El documento se complementará con los documentos de trabajo sobre solución extrajudicial de conflictos, protección a los colectivos más vulnerables, medidas tecnológicas y formación de la Carrera Judicial.-

1.- Medidas comunes de carácter general 
Estas medidas están orientadas a evitar la mayor disfunción que plantea un ingreso masivo y en poco tiempo de un número elevado de asuntos, que es su desigual reparto, tramitación y respuesta. Con este objetivo se plantea la aplicación de medidas ya previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, por tanto, pueden ser adoptadas por el CGPJ, los órganos de gobierno de los tribunales, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas desde el momento inicial, anticipándose a las futuras situaciones de colapso.

Toma como ejemplo la experiencia de los Juzgados especializados en cláusulas abusivas para evitar la afección de la mayor litigiosidad a toda la jurisdicción y para uniformizar la respuesta judicial, reforzando así la seguridad jurídica.

Entre las medidas que se proponen en este apartado figuran la aplicación de mecanismos de refuerzo en los órganos que resulten sobrecargados; el establecimiento de normas de reparto y especialización de los Juzgados en el orden civil excediendo el ámbito territorial del partido judicial, como ya ocurre en las jurisdicciones contencioso-administrativa y social; y la habilitación plena del mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales. 
NOTA: No se dice cuál será el objeto de conocimiento de tales Juzgados especializados.

2.- Medidas en el orden jurisdiccional civil 

2.1.- Se prevé mayor litigiosidad en los siguientes campos: consecuencias económicas derivadas de las medidas adoptadas con motivo de la emergencia sanitaria, procesos concursales, otros en los que se diriman cuestiones que afecten a la vida de los contratos tras la situación de confinamiento o pretensiones propias del ámbito del derecho de familia.

Se plantean:

-. Medidas legislativas urgentes que permitan mayor flexibilidad en las actuaciones (posibilidad de otorgar los apoderamientos apud acta hasta el momento previo a la celebración del acto de audiencia previa en el juicio ordinario o de la vista en el juicio verbal o la exigencia a las partes de la aportación de un correo electrónico o un número de teléfono en sus escritos alegatorios para agilizar las citaciones y notificaciones ante eventualidades en defecto de procurador).-

-. Cauces de unificación de criterios interpretativos que eviten respuestas judiciales encontradas.-

-. Medidas para desincentivar las litigaciones sin fundamento mediante la regulación específica de la condena al pago de las costas procesales o la posibilidad de imponer una multa como consecuencia del mantenimiento de posiciones injustificables. 

NOTA: En cuanto a las costas ya existe el criterio del vencimiento objetivo (394.1 LEC “se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones”) y de la condena en caso de declaración de temeridad en los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones.-

En cuanto a las multas, ya existe una regla general que permite la imposición de multas por el incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal (Artículo 247.1 y .2 LEC: peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal). Y, además, reglas específicas para las recusaciones (art. 112 LEC); falta de diligencia de las partes en el auxilio judicial (art. 176); solicitud de nuevo señalamiento de vista (art. 186 LEC), nulidades de actuación (228 LEC), aportación extemporánea de pruebas documentales con ánimo dilatorio (270 LEC); acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia: obstrucción a la práctica de las medidas de acceso a fuentes de prueba (art. 283 bis h) e incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y uso (283 bis k); hechos nuevos o de nueva noticia (286 LEC); no ejecución de la prueba en el tiempo previsto (288 LEC); infracción del deber de comparecencia de litigantes, testigos y peritos citados al juicio o vista (art. 292 LEC); impugnación temeraria del valor probatorio del documento público (art 320); temeridad o deslealtad procesal en la tacha de peritos (344 LEC); incumplimiento de la declaración (respuesta escrita) a cargo de personas jurídicas y entidades públicas (381 LEC); vista del juicio verbal en los casos de los números 10.º y 11.º del apartado 1 del artículo 250 en los que el demandado funda su oposición en causas distintas de las establecidas en el apartado 3 del artículo 444; incumplimiento del obligación de la manifestación de bienes por el ejecutado (589); del deber de colaboración en la ejecución por personas y entidades públicas y privadas (591 LEC); ejecutado o tercero que impida o dificulte el ejercicio de las facultades del administrador para pago (676 LEC); incumplimiento por el ejecutado del requerimiento del despacho de ejecución de hacer o no hacer (699 LEC); retraso en la ejecución de hacer personalísimo (709); quebranto de condenas de no hacer (710); y el incumplimiento reiterado de medidas por cónyuge o progenitor ejecutado (Art. 776).-

-. Ampliación del ámbito del juicio verbal: acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación y acciones con base en la Ley de Propiedad Horizontal o en la legislación arrendaticia de bienes inmuebles, urbanos o rústicos. Además, se propone elevar a 15.000 euros la cuantía de las demandas cuyo cauce procesal se determine por razón de la cuantía.-

NOTA: Modificación de los artículos 249 y 250 LEC.

-. Posibilidad de dictar sentencias orales debidamente motivadas y registradas en el correspondiente soporte audiovisual. 

NOTA: Levanta la prohibición expresa del art. 210.3 LEC (“3. En ningún caso se dictarán oralmente sentencias en procesos civiles”).-

-. Aplicación de las instituciones de la extensión de efectos y el denominado “pleito testigo” a acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación (Propias de la jurisdicción contencioso-administrativa: extensión de efectos (art. 110) y el pleito testigo (art. 37.2 y 111).-

2.2. Medidas en el orden jurisdiccional civil: ámbito del derecho de familia 

Se prevén: peticiones de modificación de medidas por parte de los afectados por despidos o ERTEs, como consecuencia de las medidas de paralización de la actividad laboral adoptadas durante la pandemia, o las solicitudes de compensación de días de visitas a los hijos comunes.

Se plantea:

-. Refuerzos en Juzgados de familia: mantenimiento de los refuerzos acordados hasta el momento e inmediata puesta en marcha de los Juzgados previstos para marzo y junio de 2020.-

-. Establecimiento de un trámite de incidente de ejecución rápido para la resolución de las peticiones de compensaciones de regímenes de visitas para los progenitores que durante la vigencia del estado de alarma no hayan podido disfrutar del establecido por resolución judicial.-

-. También se interesa el establecimiento de la exigencia como requisito de admisibilidad de la demanda en procedimientos de separación y divorcio cuando haya hijos menores de un documento sobre la regulación del ejercicio futuro de las responsabilidades parentales y -en caso de solicitud de medidas de carácter patrimonial- la emisión de una declaración responsable de información económica y patrimonial y de gastos de hijos menores o mayores no emancipados. 

NOTA: Complemento al art. 770.1º LEC.

2.3. Medidas en el orden jurisdiccional civil: especialidad de Mercantil 

Se prevé incremento de procedimientos de insolvencia.

Se plantean medidas encaminadas a:

-. Racionalizar el trabajo de las oficinas judiciales, evitando que las reclamaciones en masa que en este momento no son prioritarias colapsen la tramitación de los procedimientos de insolvencia.-

-. Agilizar la tramitación de los procedimientos concursales, tanto de empresas como de personas físicas.-

-. Permitir una nueva negociación de su deuda a quienes están cumpliendo un convenio, un acuerdo extrajudicial de pagos o un acuerdo de refinanciación, entre otras.-

Algunas medidas supondrán una reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (Ya estaba pendiente la aprobación del Texto Refundido de la Ley Concursal y la trasposición de la Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad). 

3.- Medidas en el orden jurisdiccional penal 

Sólo se prevé incremento de asuntos relativos a la violencia de género. 

Se proponen:

-. Reducción o eliminación en casos determinados de recursos frente a resoluciones interlocutorias.-

-. Incorporación de las nuevas tecnologías a esta jurisdicción para practicar determinadas pruebas o documentar actuaciones procesales esenciales. 

-. Que en determinadas circunstancias las sentencias puedan dictarse oralmente, sin necesidad de su documentación posterior al quedar recogida la fundamentación en soporte audiovisual (Posibilidad opcional, circunscrita al enjuiciamiento de los delitos leves y a los casos en los que, por haber habido conformidad de las partes, ya no habrá un posterior recurso ante una instancia superior).-

-. Medidas organizativas, porque aunque los efectos de la situación actual vayan a ser menores que en otros órdenes han sido muchas las actuaciones que han tenido que suspenderse y las diligencias que han tenido que ser aplazadas. 

4.- Medidas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

Se prevé incremento de litigiosidad en materias: sancionadora (por infracciones de las medidas de confinamiento), contratos (la mayor parte de los contratos del sector público han quedado suspendidos), expropiaciones (se han producido medidas de requisa y adscripción de medios personales de terceros), responsabilidad patrimonial, personal de las Administraciones Públicas o en materia tributaria y de ayudas del sector público, entre otras muchas.

Se reconocen ineficiencias, derivadas entre otras causas de la incomprensible pervivencia de algunas reglas que se traducen en tiempos muertos perfectamente evitables o de la falta de aprovechamiento de todo el potencial que ofrecen las nuevas tecnologías. 

Se plantea:

-. Mejorar y ampliar el ámbito de aplicación de las técnicas del “pleito testigo” y la “extensión de efectos de la sentencia”.-

-. Mejorar y flexibilizar el procedimiento abreviado (Ampliado en adquisición de la nacionalidad por residencia y todos los recursos cuya cuantía no supere los 60.000 Euros), contestación por escrito y en particular excluir la vista allí donde no sea necesaria, así como permitir el dictado de sentencias de viva voz.-

NOTA: Plantea el abreviado como el verbal civil.

-. La summa gravaminis necesaria para interponer el recurso de apelación es de 30.000 € y lo que se propone es pasarla a 60.000 €.-

-. Medidas en el ámbito de los procedimientos tributarios, en los que se acumulan importes que no pueden seguir paralizados ante los tribunales ante la coyuntura económica que se avecina: solo en la Audiencia Nacional, los procedimientos en materia tributaria suponen una cuantía superior a los ocho mil millones de euros, de los que más de tres mil millones de euros están afectados por medidas cautelares.-

-. Medidas específicas mientras permanezcan los efectos de las adoptadas para contener el COVID-19:

       . La “legitimación colectiva” de sindicatos y asociaciones para impugnar determinado tipo de resoluciones, lo que permitirá concentrar en un solo procedimiento lo que podrían ser centenares o miles.
      
       NOTA: Esta medida podría mantenerse en el tiempo (En beneficio de la Jurisdicción aunque en perjuicio de la facturación de los despachos).
      
       . La ampliación de los recursos en vía administrativa en materia de contratos a los que se hayan visto afectados por las medidas contra el coronavirus. 

5.- Medidas en el orden jurisdiccional social.

Se prevé: fuerte incremento de los procesos por despido, extinciones de contrato del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores (Extinción por voluntad del trabajador por incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario), reclamaciones de salarios en materia de prestaciones por desempleo, determinación de contingencia o por cese de actividad de trabajadores autónomos.-
Se proponen:

-. Reformas en materia procesal:

       . Ampliación de los plazos de caducidad en la mediación y/o conciliación preprocesal;
      
       . Realización de los actos de conciliación y juicio en dos convocatorias diferentes, lo que permitirá agilizar la resolución de los procesos (SIC).

-. Generalizar la comunicación telemática de los Juzgados con los servicios de mediación, FOGASA u órganos de la administración.-

-. Potenciar el dictado de sentencias “in voce”. 

-. Introducir contestación escrita en procesos de Seguridad Social –incluido desempleo- cuando lo soliciten todas las partes y no se considere necesaria.

-. Impugnación de ERTEs conforme a la modalidad procesal de conflictos colectivos, para contribuir a que la controversia se resuelva en un único pleito. 

-. Carácter urgente de los procesos por despido o, alternativamente, una disposición de carácter transitorio que establezca que hasta el 31 de diciembre de 2020 tendrá también carácter de urgencia y preferencia en su tramitación cualquier reclamación por despido. 

-. Modificaciones en el recurso de suplicación:

       . Incrementar a 6.000 euros la cuantía mínima.
       . Modificar el requisito del gravamen para acceder al recurso
       . Declarar no susceptibles de recurso ni, en su caso, de casación ordinaria las sentencias resolviendo las impugnaciones de los ERTEs.

-. Plan extraordinario de ámbito nacional para apoyar a los juzgados y tribunales del orden social, promoviendo la dotación de recursos económicos, humanos y materiales suficientes para que pueda ser eficaz.